La España que madruga sigue trabajando las mismas horas que en 1983
La productividad ha crecido. La tecnología ha avanzado. Pero la jornada laboral máxima lleva 42 años congelada. El 10 de septiembre de 2025, el Congreso vetó la posibilidad de cambiarla. Vox, que dice representar a los que madrugan, votó en contra. Junts vetó para el resto de España una medida que Cataluña ya aplica. Y 12,5 millones de trabajadores se quedaron sin 114 horas al año.
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Si las máquinas trabajan más que nunca, ¿por qué nosotros seguimos igual?
En 1983, cuando se fijó la jornada máxima de 40 horas semanales, no existía internet, los ordenadores personales eran un lujo y la mayoría de los procesos productivos se hacían a mano. Desde entonces, la productividad por trabajador en España se ha multiplicado. Las máquinas hacen en minutos lo que antes llevaba días. La digitalización ha eliminado tareas enteras.
Sin embargo, las ganancias de esa productividad no han llegado a los trabajadores en forma de tiempo libre. Han llegado en forma de beneficios empresariales. El trabajador produce más que nunca y sigue trabajando las mismas horas que hace 42 años.
La votación del 10 de septiembre: enmiendas a la totalidad y resultado
El 10 de septiembre de 2025, PP, Vox y Junts presentaron cada uno una enmienda a la totalidad contra el proyecto de ley. Este mecanismo no rechaza una ley tras debatirla: la devuelve al Gobierno antes de que empiece cualquier discusión sobre su contenido, sus matices o sus posibles enmiendas parciales. No hubo análisis del articulado, ni propuestas de mejora, ni negociación sobre pymes o convenios sectoriales. Las tres enmiendas se votaron conjuntamente como un bloque procedimental.
El resultado fue 178 votos a favor del veto, 170 en contra. Una diferencia de ocho votos. La mayoría la formaron PP, Vox, Junts y UPN. En contra votaron PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, BNG y Podemos. La ley quedó devuelta al Gobierno sin entrar en tramitación.
"Es incomprensible que ustedes hoy ni siquiera permitan que se debata."
— Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en el pleno del 10 de septiembre de 2025Vox dice defender a los que madrugan. Junts protege a las pymes catalanas. Ninguno de los dos argumentos aguanta
El voto del PP es coherente con su posición histórica: reducir regulación, dejar la jornada a la negociación colectiva. No hay contradicción ahí. Donde sí la hay, documentada, es en Vox y en Junts.
Vox lleva años construyendo su identidad política sobre un eslogan: "la España que madruga". Se presentan como el partido de los trabajadores de los polígonos, los obreros, la gente que se levanta temprano.
El 10 de septiembre de 2025, esa misma "España que madruga" tenía la oportunidad de recuperar 114 horas anuales. Vox votó en contra.
El 43% de los convenios colectivos registrados en Cataluña ya recoge una jornada inferior a 38,5 horas semanales, y el 24,5% ya está por debajo de las 37,5 horas.
La razón real: Junts utilizó este veto como palanca de negociación con el Gobierno en materias ajenas a la jornada laboral.
El apoyo a la reducción de jornada en las encuestas, por electorado
Una encuesta publicada en septiembre de 2025 preguntó a votantes de cada partido si apoyaban la reducción legal a 37,5 horas semanales. Los resultados muestran un desfase particularmente llamativo en el electorado de Junts.
El 72% de los votantes de Junts declaró estar de acuerdo o muy de acuerdo con la medida. En el electorado del PP, el apoyo rondaba el 58%. En el de Vox, el 61%. Es decir: en los tres partidos que votaron el veto, la mayoría de sus propios votantes apoyaba la ley que sus diputados tumbaron.
"¿Cómo es posible que este partido se niegue a dar cauce a la voluntad, incluso, de sus propios electores?"
— Unai Sordo, Secretario General de CCOO, 10 de septiembre de 2025La versión que los defensores del veto sostendrían
Hay argumentos económicos contra la reducción de jornada por ley que no son retórica empresarial y conviene exponerlos antes de cerrar.
El primero es sobre el coste laboral unitario. Reducir la jornada de 40 a 37,5 horas manteniendo el salario equivale a una subida del coste por hora cercana al 6,7%. Para sectores con márgenes estrechos —hostelería, pequeño comercio, agricultura, gran parte del tejido de pymes— esa subida no se absorbe sin consecuencias: se traduce en precios más altos, menos contratación o ambas. No es una amenaza retórica. El Banco de España y BBVA Research han publicado estimaciones de elasticidad que lo cuantifican.
El segundo es sobre la productividad. La productividad por hora trabajada en España sigue siendo inferior a la media de la UE-15. La lógica económica convencional dice que la reducción de jornada debería venir después de ganar productividad, no antes: si se reduce primero, el coste laboral unitario aumenta y afecta a la competitividad exportadora del país. Es el argumento que hacen OCDE, Comisión Europea y la mayoría de economistas del mainstream.
El tercero es el precedente francés. Francia redujo la jornada legal a 35 horas en el año 2000. Veinticinco años después, los estudios posteriores (OCDE, INSEE, varios economistas franceses) arrojan resultados mixtos: mejora en calidad de vida autorreportada, pero efecto incierto sobre el empleo neto y necesidad de introducir mecanismos compensatorios de flexibilidad —cuentas de horas, anualización— que complicaron la gestión empresarial. No es el éxito rotundo que a veces se presenta.
El cuarto es sobre la vía elegida. El 43% de los convenios colectivos catalanes ya están por debajo de las 38,5 horas. Eso demuestra que el camino de la negociación colectiva sectorial funciona sin necesidad de imponer por ley a una pyme extremeña las mismas condiciones que tiene una gran empresa con sede en Barcelona. Es, en esencia, el argumento del PP y de las patronales: no están en contra de reducir jornada, están en contra de hacerlo por vía legal uniforme en lugar de por vía sectorial negociada.
Nada de esto invalida los datos del artículo. La contradicción entre el discurso de Vox y su voto sigue estando ahí, y el 72% de apoyo entre los votantes de Junts también. Pero sí matiza el marco: el veto no es solo cinismo político. Hay una discusión económica de fondo —coste laboral, productividad, sectorialización— que merece ser parte del debate público que el Congreso justamente impidió tener.
Lo que ocurrió el 10 de septiembre no fue un rechazo razonado a una mala ley: fue un bloqueo que impidió el debate. Y ese bloqueo tiene dos lecturas que ambas contienen parte de verdad. Por un lado, los datos de productividad, las contradicciones entre discurso y voto, y el 72% de apoyo entre votantes de Junts. Por otro, las dudas económicas reales sobre el impacto de una reducción legal uniforme en el tejido de pymes españolas.
La pregunta interesante no es si Vox o Junts actuaron con coherencia —no lo hicieron—, ni si la reducción de jornada es una buena idea —probablemente, en algún formato y con ciertos sectores, lo es—. La pregunta es por qué el sistema parlamentario español permite que una enmienda a la totalidad cierre un debate antes de que empiece.
Porque mientras eso siga siendo posible, el desacuerdo no se resolverá discutiendo: se resolverá con portazos. Y 12,5 millones de trabajadores seguirán esperando a que alguien se siente a hablar.